El derecho a la justicia de los niños, niñas y adolescentes en los Tribunales de Protección del Área Metropolitana de Caracas

El derecho venezolano ha creado mecanismos para proteger y garantizar los derechos de todas las personas que se encuentran en el territorio nacional; especialmente a los niños, niñas y adolescentes, quienes cuentan con una ley especial que regula todo su entorno jurídico, estableciendo sus deberes y derechos como lo es la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA).

Uno de los derechos concretos que le ha sido otorgado y reconocido a los Niños y Adolescentes es el Derecho a la Justicia, el cual consiste en que si a un Niño o Adolescente se le ha violado alguno de sus derechos puede acudir ante los Tribunales de Protección a interponer la demanda y estos están obligados a garantizarle la restitución de ese derecho.

Este derecho tiene sus antecedentes en el Código Civil de la República de Venezuela de 1862, cuando en el título VII relativo a la patria potestad en su artículo 268, señala que el hijo puede acudir ante el Juez a solicitar la autorización para aceptar una herencia, legado o donación.- Desde el año de 1862, se le reconoce al hijo, sin distinción de edad, el derecho de acudir ante el Juez a solicitar dicha autorización. En el mencionado artículo no hay una distinción de edad, se refiere al hijo sometido a patria potestad. Con base a lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, quien puede acudir ante el Juez a solicitar la autorización para aceptar una herencia, legado o donación es el adolescente, porque tiene plena capacidad para presentar dicha solicitud directamente ante el Juez.

El Derecho a la Justicia según lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, se ejerce por ante los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente, es por ellos que en el año 2005, se realizó estudio de campo en las trece (13) Salas de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente del Área Metropolitana de Caracas, con el objetivo de constatar, si existía algún expediente aperturado directamente por un Niño o Adolescente en dichos Tribunales, para lo cual se procedió a revisar los libros índices y los de causas, no encontrándose en ninguna de las Salas expediente alguno iniciado por un Niño o Adolescentes; procediéndose entonces aplicar cuestionarios a los Jueces de las trece (13) Salas de los Tribunales de Protección del Área Metropolitana de Caracas.

De esa investigación y aplicación de cuestionarios, podemos señalar que para aquel momento, el artículo 87 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente no estaba siendo aplicado, y las causas fundamentales por las cuales los Niños y Adolescentes no acudían ante los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente fueron las siguientes: En primer lugar, el desconocimiento que tenían de ese derecho que le ha sido reconocido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; en segundo lugar, la falta de uniformidad de criterios de los Jueces, en relación así el niño debía estar representado o si podía hacer la denuncia directamente ante los Tribunales; y en tercer lugar, por la edad y la capacidad de discernimiento, porque el artículo 87 señala que todos los niños y adolescentes tienen derecho acudir ante un Tribunal para la defensa de sus derechos, un niño no tendría la capacidad de discernir cuando se le está violando su derecho, y ante cual organismo debe acudir, ese reconocimiento que se le hace al niño, no sería ejercido por él, es por ello que ese derecho solo debería atribuirse a los Adolescentes, por su capacidad de discernimiento.

Jurisprudencia

En este sentido el Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 17 de mayo de 2001, con ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena, la cual se refiere a un conflicto de competencia, pero sin embargo en uno de sus puntos trata del artículo 87 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, es decir, el derecho a la justicia, ha venido sosteniendo:

(…)
13. El artículo 87 de la LOPNA consagra el derecho de todos los niños y adolescentes de acudir ante un tribunal competente, independiente e imparcial, para la defensa de sus derechos e intereses y a que éste decida sobre su petición dentro de los lapsos legales. Todos los adolescentes tienen plena capacidad de ejercer directa y personalmente este derecho a cuyo fin el Estado garantizará asistencia y representación jurídica gratuita a niños y adolescentes que carezcan de medios económicos suficientes.

14. El deber de asistencia por parte del Estado, conforme lo establece el artículo 87, antes citado, es coadyuvante o complementario al de los padres y tutores en quienes recae, en primer término, esa obligación de asistencia. Por inexistencia de padre o tutor del niño o del adolescente o cuando entre éstos y aquellos hubiere conflicto de intereses, el Estado asumirá plenamente la asistencia y representación. Tratándose de asuntos judiciales el tribunal llamado a conocer asume una función de protección.

Según lo establecido por el Tribunal Supremo de Justicia, cuando hay conflicto entre el niño o adolescente y sus padres, el Estado debe asumir la representación o asistencia a través de los órganos auxiliares del Estado, como son las Defensorías, Fiscalías o Consejos de Protección. Cuando se trata de asuntos judiciales, patria potestad, responsabilidad de crianza y manutención, el Juez que conoce de la causa asume una función proteccionista y debe garantizar los derechos del niño o adolescente ante los intereses de los padres.

En el caso de Venezuela, lo que se le ha otorgado a los adolescentes es una sana participación activa en los juicios donde éstos sean los principales interesados y debido a su grado de madurez, el juez debe prestarle a éste la necesaria atención en función de su superior nivel de desarrollo.

Esto nos ha demostrado que el artículo 87 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, se refiere a la facultad que tienen los adolescentes de iniciar directamente algunos procesos, tales como privación de patria potestad, revisión y modificación de la responsabilidad de crianza y fijación de la obligación de manutención, atribuyéndosele a los adolescentes legitimación activa, es decir, la posibilidad que tienen de comenzar un juicio con el fin de garantizarles la restitución del derecho violado.

En conclusión, los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente del Área Metropolitana de Caracas no estaban aplicando lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica para la Protección, porque consideraban que los Niños y Adolescentes al momento de interponer la denuncia debían estar asistidos o representados por un Defensor Público, Consejero de Protección o Fiscal, es decir, el Estado debe garantizarles asistencia gratuita y representación jurídica gratuita a los Niños y Adolescentes para que puedan ejercer su derecho a la defensa. Para aquella fecha, al acudir directamente los niños o Adolescentes ante las Defensorías, Consejos de Protección o Fiscalías, traerían lista la demanda al Tribunal y no tendrían que ordenar su notificación para que representen al menor en los actos sucesivos, y se cumpliría el principio de celeridad procesal.

Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Reforma de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, de fecha 10 de diciembre de 2007, según Gaceta Oficial Nº 5.859, la demanda puede ser presentada en forma oral o escrita, y se le reconoce en el artículo 451 eiusdem, la plena capacidad procesal de los adolescentes, por lo cual el criterio sostenido por los Tribunales para aquella fecha no sería aplicable en los actuales momentos, es decir, que pueden acudir directamente ante el Tribunal a interponer su demanda en forma oral, y el Tribunal admitirla y ordenar la notificación del fiscal, y así ejercer su función de proteccionistas de los derechos del adolescente.

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